Por amplia mayoría (120 votos a favor, 18 en contra y 3 abstenciones), la sala de la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Cumplimiento Tributario, el cual pretende incrementar la recaudación fiscal en un 1,5% del PIB, para destinar dichos recursos al financiamiento de las prioridades de gasto definidas en el Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, particularmente al financiamiento de del incremento de la Pensión Garantizada Universal a $250.000 y de la seguridad pública, como el combate al crimen organizado. De esta forma, la iniciativa que fue enviada el 29 de enero de este año deberá ser revisada por el Senado en su segundo trámite constitucional.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoró el respaldo que consiguió el articulado en su votación en general: 
“En materia de cumplimiento tributario hay una amplia mayoría en nuestro Congreso Nacional para apoyar las iniciativas en tal sentido. Para ponerlo de manera cuantitativa de 160 artículos que se modificaban de distintos cuerpos legales en este proyecto de ley, se aprobaron 156”.

En concreto, explicó la autoridad se aprobaron todas las normas relativas a alivio tributario para las Pymes, las medidas contra la informalidad, las normas especiales anti elusión, el denunciante anónimo tributario con recompensa, todas las normas sustantivas de la Norma General Anti elusión, las medidas de modernización de la administración tributaria, el fortalecimiento de la Defensoría del Contribuyente, y  el procedimiento excepcional de levantamiento secreto bancario en materia de delitos tributarios y normas anti elusión, entre otras.

Sobre el espíritu del proyecto el Ministro sostuvo: “se prendió una luz roja para quienes abusan en el país a través de la evasión y elusión de impuestos. Esta es una señal para los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones, pues lo que señala este proyecto es que no tendrán que temer más la competencia de quienes incumplen con las obligaciones tributarias”.

Marcel agradeció especialmente a la presidenta de la Comisión de Hacienda, diputada Gael Yeomans por la conducción del trabajo en la instancia y “a los parlamentarios de los partidos de gobierno y también a muchos parlamentarios de oposición que tuvieron una disposición constructiva durante la discusión del proyecto, especialmente en la  Comisión”.

En términos generales la iniciativa busca elevar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a través de una modernización de la administración tributaria y de los Tribunales Tributarios y Aduaneros; con medidas para  controlar la informalidad; reducir la evasión y la elusión realizadas mediante una planificación tributaria agresiva entregando a los organismos fiscalizadores nuevas atribuciones: fortalecer la Defensoría del Contribuyente (DEDECON); estableciendo nuevos estándares de probidad en la administración tributaria. 

Frente a los temas de procedimientos para aplicar algunas normas contempladas en el proyecto que fueron rechazados por la Cámara de Diputados, el ministro Marcel sostuvo que en el Senado se perfeccionarán el procedimiento general de la Norma General Anti elusión y el mecanismo a través del cual los contribuyentes podrán oponerse al procedimiento general para el levantamiento del secreto bancario. “En el caso del secreto bancario se aprobaron todos los cambios sustantivos propuestos en el proyecto del Ejecutivo y sólo no se aprobó el mecanismo a través del cual el contribuyente se puede oponer en el procedimiento general. En el procedimiento especial, donde se estaban haciendo los cambios importantes pues ahí se apunta a los casos de delitos tributarios, se podrá levantar el secreto bancario con un procedimiento abreviado a través del juez tributario. Eso quedó aprobado”, recalcó el ministro.

Finalmente, el secretario de Estado recordó que la recaudación que se logrará con esta iniciativa se destinará a “financiar el aumento de la PGU a 250.000 pesos y las otras medidas de la Reforma Previsional que tienen impacto fiscal. Por otro lado, se incrementará la inversión en seguridad ciudadana, complementando los recursos del royalty minero para cumplir con el compromiso del Presidente de destinar US$1.500 millones al año adicionales a inversión en seguridad”.